La nueva norma aumenta el nivel mínimo de eficiencia de las ‘lámparas de servicio general’ hasta 45 lúmenes de luz por vatio de potencia, mientras que las bombillas incandescentes producen sólo 15 lúmenes por vatio, según el fabricante Philips.

La prohibición parece estar dirigida principalmente a los hogares, ya que no afecta la fabricación o venta de luces incandescentes utilizadas en señales de tráfico, focos, lámparas de escaparate y luces de electrodomésticos, entre otros usos especiales.

Aunque la normativa se formuló en 2007 y estaba previsto que entrara en vigencia en 2020, fue bloqueada en 2019 por el Gobierno del entonces presidente, Donald Trump, y permaneció en suspenso hasta el pasado abril, cuando el Departamento de Energía terminó de ajustarla.

Si bien sigue siendo legal poseer bombillas incandescentes, quienes sigan fabricándolas o vendiéndolas pueden ser multados con hasta 542 dólares por unidad.

El Departamento de Energía asegura que el cambio a la tecnología LED supondrá un ahorro de 100 dólares al año por hogar, aunque esta clase de focos son, en promedio, entre 3 y 4 dólares más caros que sus pares menos eficientes. Según sus cálculos, la medida se traducirá en un ahorro de 3.000 millones de dólares anuales en todo el país y reducirá las emisiones de carbono en los próximos 30 años en 222 millones de toneladas métricas.

Sus defensores argumentan que la legislación no obliga al uso de bombillas LED y deja margen para que los fabricantes de incandescentes se limiten a aumentar la eficiencia de su producto, pero los críticos la tachan de poco realista.

En particular, acusan a la Administración Biden de librar una guerra contra la elección personal, dentro de la cual las restricciones impuestas a los focos tradicionales se inscribe en un grupo más amplio de limitaciones inconstitucionales a la libertad de los consumidores.