Grupos ambientalistas y de consumidores están instando a los reguladores estatales a no aprobar los planes de Georgia Power de aumentar su uso de combustibles fósiles para satisfacer una demanda industrial en rápido crecimiento.

Georgia Power y el personal de la Comisión de Servicio Público llegaron a un acuerdo tentativo la semana pasada que varios grupos de defensa del consumidor y de energía limpia sostienen que eluden un proceso regulatorio importante y no protegen adecuadamente a los contribuyentes de facturas de electricidad más caras. El mayor proveedor de electricidad del estado dice que está buscando modificar su plan de recursos para 2022 de una manera que reduzca temporalmente el costo de la electricidad para sus clientes residenciales mientras construye nuevos generadores de gas natural y petróleo e instalaciones de almacenamiento de baterías solares.

Los ejecutivos de Georgia Power han testificado que los términos descritos en su acuerdo estipulado les permitirían proporcionar el servicio público confiable necesario para manejar el crecimiento económico previsto impulsado por los grandes proyectos industriales que se están construyendo en todo el estado.

Los responsables de la empresa señalaron específicamente que los nuevos centros de datos consumirán una gran cantidad de electricidad durante la próxima década. Se proyecta que la cantidad de energía necesaria para operar los centros de datos se duplicará entre 2022 y 2030 como resultado de la creciente demanda de inteligencia artificial, según un informe publicado en enero por la consultora de propiedades comerciales Newmark.

"Los recursos de capacidad que estamos solicitando... garantizarán que podamos continuar sirviendo a nuestra base de clientes existente y en crecimiento con la confiabilidad que nuestros clientes valoran y esperan", dijo Aaron Abramovitz, director financiero de Georgia Power, en la audiencia del PSC del miércoles.

Varias organizaciones de consumidores y medioambientales han criticado que el acuerdo propuesto fuera publicado poco después de que comenzara la audiencia pública final del caso el miércoles. Están instando a la gente a expresar sus preocupaciones sobre el plan energético antes de que el PSC de cinco miembros vote el 16 de abril.

Kimberly Scott, directora ejecutiva de Georgia WAND, una organización sin fines de lucro centrada en la justicia ambiental, dijo que no se debería haber llegado a un acuerdo provisional mientras se llevaba a cabo una audiencia crítica del PSC con testimonio de expertos. 

Un proceso más justo habría sido que Georgia Power, el PSC y otras partes interesadas negociaran un acuerdo después de la audiencia de la semana pasada, dijo.

“Al menos debería haber seguido el debido proceso y después de la audiencia (del PSC), luego reunirse con los interventores para encontrar soluciones que fueran equitativas”, dijo Scott.

Los funcionarios de Georgia Power han argumentado que podrán poner en marcha los proyectos más rápidamente si puede ejecutar acuerdos evitando un largo proceso de licitación. Los críticos argumentan que pasar por alto el proceso normal de licitación competitiva podría resultar en mayores costos de construcción.

Georgia Power se compromete a reducir la factura mensual de un hogar típico en $2,89 durante tres años, mientras atiende a su creciente base de clientes industriales y comerciales. En octubre, la empresa presentó una solicitud actualizada, citando un aumento de 17 veces en su demanda de energía prevista con respecto a lo que la empresa de servicios públicos anticipó en 2022.

Según lo propuesto, Georgia Power no cobraría a sus clientes en 2024 y 2025 si no puede revender el exceso de energía comprada en las centrales eléctricas de Mississippi y Florida.

La compañía dice que no pedirá a los clientes que cubran ningún sobrecosto mientras construyen las tres turbinas en la Planta Yates alimentada con gas natural. Sin embargo, Georgia Power podría volver a pedir permiso al PSC para recuperar los costes que considera incurridos más allá del control razonable de la empresa.

Las empresas permitirían a empresas externas presentar ofertas para la construcción de una instalación de almacenamiento de baterías y energía solar de 500 megavatios cuya inauguración está prevista para finales de 2027. Georgia Power también construiría, poseería y operaría otros proyectos solares de 500 megavatios en las bases de las fuerzas aéreas Robins y Moody de Georgia. .

Scott dijo que si el PSC aprueba el acuerdo estipulado tal como está, extenderá la vida útil de otras plantas que queman combustibles fósiles, que seguirán representando un riesgo ambiental para los georgianos. 

El análisis realizado por el Southern Environmental Law Center, en nombre de la organización sin fines de lucro Georgia Interfaith Power and Light, muestra que la demanda de energía más probable de la compañía puede satisfacerse con opciones de energía renovable, como la energía solar y el almacenamiento en baterías. La SELC dijo que la solicitud de Georgia's Power supera con creces las propias proyecciones de la empresa.

La abogada principal del centro, Jennifer Whitfield, dijo que los términos propuestos descritos en el acuerdo son decepcionantes para las perspectivas de los clientes de Georgia Power que podrían enfrentar más impactos en las facturas de electricidad . El hogar promedio de Georgia Power probablemente pagará alrededor de $40 más en sus facturas de electricidad durante los últimos años para cuando el aumento de precios comience en 2025.

"Esta es una bonanza de combustibles fósiles que se salta los procesos regulatorios establecidos para proteger a los pagadores", dijo. “No sólo está sobre la mesa la expansión de combustibles fósiles sucios y de precios impredecibles, sino que este acuerdo permitiría a Georgia Power eludir pasos importantes para proteger a sus clientes del aumento de las facturas de energía. Tenemos dudas muy serias sobre el precedente que esto crea”.